Aramburuzabala acusa de extorsión a esposa de López Dóriga

La inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, denunció por extorsión a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga.

De acuerdo con el diario Reforma, la inmobiliaria acusa a Teresa Adriana Pérez Romo y a sus vecinas Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez por exigir 5 millones de dólares a cambio de no impedir la construcción de 122 departamentos en Rubén Darío 225, Polanco.

"Realizaron diversas conductas en contra de mi mandante al haber solicitado en reiteradas ocasiones un beneficio económico en diversas formas, hasta llegar al absurdo de solicitar la cantidad de cinco millones de dólares para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente", acusa el escrito, el cual fue presentado el 14 de agosto en la fiscalía de Miguel Hidalgo y registrado con el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015, según reporta Reforma.

Junto al documento se incluye un video, grabado el 16 de junio, en el que el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba solicita el dinero a nombre de Pérez Romo y sus vecinos a un representante de la inmobiliaria.

"En pocas palabras, quieren dinero, ca**ón", sentencia el abogado en la grabación. "¿A eso se resume?", pregunta el representante de Abilia.

"A eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares", añade Becerra Pocoroba.

De acuerdo con el abogado, los vecinos exigen también el cambio de los cristales de las ventanas y de los 11 elevadores de las dos torres en las que viven, el mejoramiento de un jardín de niños, un jardín, la sustitución de las plantas de emergencia, cuatro nuevas calderas para la alberca, la rehabilitación de las glorietas de Campos Elíseos y banquetas nuevas sobre Arquímedes.

La acompañante de Becerra Pocoroba, Erika Mendoza Bergmans, explica en la misma reunión que sus representados ven este monto como una "compensación" por la pérdida de plusvalía de su edificio.

El abogado revela además que la Consejería Jurídica presentó el Juicio de Lesividad para revertir todas las autorizaciones otorgadas y pide además 600 mil dólares por el pago de sus honorarios por la supuesta prestación de servicios profesionales.

Así mismo, indicó que una vez que lleguen a un acuerdo monetario se presentarán con el Jefe de Gobierno para confirmarle que están todos de acuerdo con la obra, a lo que responde el representante de Abilia: "Para una empresa como la nuestra, que estamos en esta ciudad, invirtiendo mucho dinero, acceder a una, no me gusta decirlo, pero yo sí esto lo veo como una extorsión, y al ser una extorsión para un proyecto como éste con estas autoridades, yo creo que abre la puerta para que esto se vuelva un mecanismo para que nos suceda en 14 proyectos que tenemos actualmente. De entrada nos pone muy nerviosos el estar sentados explorando esa posibilidad".

"Está plenamente acreditado que existió la amenaza de que si no se cumplía con dichas solicitudes económicas por parte de mi mandante, el propio Gobierno del Distrito Federal demandaría un Juicio de Lesividad, amenaza que fue cumplida (...) siempre haciendo alusión a la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga y haciendo mención de la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios", se señala en la demanda presentada, según Reforma.