Los documentos en los que el duque de Edimburgo detallaba su última voluntad y el reparto de sus bienes no se harán públicos para proteger la "dignidad" tanto de su esposa, la reina Isabel II, como de otros miembros de la familia real británica, según lo decidió el jueves el juez Sir Andrew McFarlane, presidente del juzgado de familia del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.
¿Por qué el testamento del duque de Edimburgo se mantendrá secreto por 90 años?
Aunque en Reino Unido es normal que la última voluntad de los fallecidos se haga pública, un juez del Tribunal Superior de Justicia ha decidido que la del marido de Isabel II se mantenga sellada.
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En Reino Unido es normal que los testamentos sean de carácter público, y tal cual así sucedió incluso con el de la princesa Diana de Gales, tras su inesperada muerte hace 24 años.
Poco después de su fallecimiento, se supo que Lady Di dejó unos 25 millones de euros para sus dos hijos. Después de impuestos, que son del 40%, el príncipe William y el príncipe Harry se repartieron en partes iguales unos 15 millones, mismos que recibieron al cumplir 30 años.
Sin embargo, con los miembros de la realeza se hacen excepciones. En este caso, ni siquiera el propio magistrado vio el contenido del testamento del príncipe Felipe, quien falleció en abril pasado a la edad de 99 años.
Tampoco se le puso al corriente de lo que dispuso el duque, más allá de cuál es la fecha de su ejecución y el nombre de su albacea. Por otra parte, se podrá celebrar un proceso privado una vez haya transcurrido el plazo de 90 años para determinar si el testamento debe salir o no a la luz.
"He aceptado el argumento de que, si bien puede existir cierta curiosidad pública en cuanto a los acuerdos privados que un miembro de la familia real puede elegir hacer en su testamento, no es de verdadero interés público que se conozca esta información totalmente privada", ha argumentado McFarlane.
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El pasado mes de julio se celebró una reunión entre los abogados que protegen la herencia de Felipe y el fiscal general para determinar este mismo asunto, pero todo el proceso se mantuvo en privado porque habría generado "una publicidad y conjeturas muy importantes" que habrían frustrado el propósito último de la solicitud: proteger a la reina Isabel II.
Sir Andrew McFarlane sostiene que resulta apropiado aplicar una práctica especial con los testamentos reales debido a la posición constitucional de la soberana, para así "aumentar la protección que se otorga a los aspectos verdaderamente privados de la vida de este grupo limitado de personas".
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Desde hace casi un siglo, es habitual que estos documentos de los miembros de la realeza permanezcan sellados y, en su posición dentro de los tribunales de familia, se rumora que este juez es el custodio de una caja fuerte que guarda más de 30 testamentos sellados que pertenecían a royals ya fallecidos.
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