Casi cuatro meses después del autoexilio de Juan Carlos de España , ahora se dio a conocer que no solo él se benefició de las famosas tarjetas opacas, sino también sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y como consecuencia sus nietos.
De acuerdo con el diario español El Confidencial, al parecer se utilizaron para pagar hoteles, vuelos, restaurantes, trayectos en Uber, compras en el El Corte Inglés y en centros comerciales, así como clases de piano.
Las tarjetas opacas estarían a nombre de Nicolás Murga, colaborador de la Casa real, coronel del ejército del Aire y ayudante de campo, éstas estaban vinculadas a una cuenta que él administraba pero, con fondos pertenecientes al empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause.
En los documentos bancarios que se investigan aparecieron pagos en El Corte Inglés realizados con tarjetas de cliente de la cadena comercial vinculadas a la cuenta de Nicolás Murga. Según el diario antes mencionado, quienes más se beneficiaron fueron Juan Froilán y Victoria Federica, hijos de la infanta Elena, quien además le compró una yegua de competencia a su hija, cuyo mantenimiento también se pagó con dichas tarjetas.
Contrario a sus hermanas mayores, desde que se dio a conocer la existencia de estas tarjetas, se dejó muy claro que ni el rey Felipe VI ni su familia se había beneficiado de ellas .
Cabe mencionar que, al usar la transacción de tarjetas de cliente para adquirir bienes y servicios, la Agencia Tributaria no tenía ninguna sospecha del rey emérito, pero iniciaron cuando hicieron un cruce de datos de Hacienda del coronel con su salario y los datos no cuadraban. Actualmente se dio a conocer que tanto el rey como su familia gastaron al menos 500 mil euros en tres ejercicios entre 2016 y 2018, según información obtenida por el diario El País.
En esa época, Juan Carlos de España ya no era el rey y, por lo tanto , había perdido algunos de sus privilegios, fue entonces cuando sus abogados presentaron una regulación ante la Agencia Tributaria para evitar que el presunto fraude fuera declarado como delito fiscal tipificado hasta con cinco años de cárcel, algo que sucedería en el momento en el que la Agencia Tributaria o la justicia notifique que ha abierto una inspección al rey emérito, situación que hasta ahora no ha sucedido.
