Hace unos días la Fiscalía General de la República informó que el Departamento de Estado de Gran Bretaña ratificó la extradición de Karime Macías Tubilla, ex primera dama de Veracruz, acusada en México de presuntos desvíos de recursos públicos.
La que fuera esposa del hoy detenido ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, abandonó el país (con sus tres hijos) para fijar su residencia en Reino Unido, después de la detención del político priista en Guatemala, en abril de 2017.
Duarte, quien se encuentra cumpliendo una condena en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, estuvo casado con Macías durante casi 20 años, hasta que ella, ya en Londres, y en medio del escándalo mediático por el juicio del político, pidió el divorcio en febrero de 2020.
La pareja tuvo tres hijos, todos menores de edad, quienes se encuentran bajo la custodia de Karime, en Reino Unido, pero todo eso podría cambiar en los próximos días; la ex presidenta del DIF veracruzano tiene sólo unos días más para impugnar su extradición y posterior juicio en territorio mexicano.
Pese a que el sexenio de Duarte concluyó en 2016, los peores golpes legales en contra de Karime llegaron hasta 2018, cuando se le acusó de daños patrimoniales al DIF veracruzano por casi seis millones de pesos, aunque se habla de por los menos otras dos acusaciones que podrían ascender a los 224 millones de pesos.
La hoy acusada señaló hace tiempo, a través de sus abogados, que salió del país porque temía por su vida y la de sus hijos, además de negar haber participado en los desfalcos supuestamente cometidos por su ex pareja y padre de sus hijos, Javier, Carolina y Emilio.
El proceso se está realizando en conjunto con las autoridades británicas y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, ante quienes, la defensa de Macías apeló a la presunción de inocencia de su representada, quien, desde octubre pasado, porta un brazalete electrónico localizador.
La mexicana de 46 años y originaria de Coatzacoalcos, señala que es víctima de una campaña de desprestigio con fines políticos, y alega que al no haber sido propiamente una funcionaria pública, no tuvo acceso a las sumas de dinero que presuntamente desvió. El caso podría tomar un giro inesperado en los próximos días.
