El uso de teléfonos celulares para delinquir, muchas veces desde los mismos centros penitenciarios, es un problema que se pretende combatir con esta ley, según informó la página oficial del Senado de la República.
La reforma a la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se realizó hace unos días en el pleno, y fue aprobada en lo general con un total de 54 votos a favor, 49 encontró y 10 abstenciones.
La idea, según informó la Cámara de Senadores, es la de crear una base de datos nacional con información de personas físicas y morales, titulares en las líneas telefónicas móviles, con el fin de colaborar con las autoridades en asuntos relacionados con la comisión de delitos.
El Congreso de la Unión informó que los datos con los que contará el padrón incluirán número telefónico, fecha y hora de la activación, nombre del usuario (completo), nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y CURP, información que, aseguran, será confidencial de acuerdo lo que marca la ley de protección de datos personales.
Según reportes del INEGI, en México, el 88.9% de las extorsiones se realizan vía telefónica y representan más de 12 mil millones de pesos anuales para el crimen organizado, de ahí la importancia de combatir el uso indebido de las líneas, como comentó Manuel Añorve Baños, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.
Por otra parte, la preocupación de los concesionarios de telefonía móvil, además de los usuarios, es la de dos supuestos sistemas de geolocalización de teléfonos y análisis de datos de usuarios de internet, adquiridos recientemente por el gobierno mexicano, según reveló El País.
Al tratarse de una decisión no unánime, senadores de los partidos de oposición expresaron su preocupación sobre la nueva ley, en la que, dicen, se vulnera la información de los usurarios, “esta reforma propicia un sistema de vigilancia y hostigamiento indigno de un país democrático”, dijo la panista Xóchitl Gálvez.
Miguel Ángel Mancera, del PRD, describió la nueva norma como un “coctel de violaciones constitucionales”, por su parte, Claudia Ruiz Massieu, del Partido Revolucionario Institucional, dijo que la persecución de delitos no puede ser pretexto para restringir libertades y derechos.
