Inicia juicio político contra Rosario Robles

Un órgano de acusación es en lo que se convertirá la Cámara de Diputados este jueves 19 de marzo, en donde la Sección Instructora dirigida por el diputado Pablo Gómez explicará los elementos que encontró para culpar a Robles Berlanga del presunto desvío de siete mil millones de pesos, a través del mecanismo conocido como La Estafa Maestra, investigación que publicaron el sitio Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en 2017.

En caso de que se apruebe el juicio contra Rosario, la investigación pasará a la Cámara de Senadores, que se encargará de revisarla y dictar la sanción correspondiente. "Están legalmente comprobados los hechos que originaron la denuncia hecha por la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, quien acusó una responsabilidad frente al Estado por redundar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales", apunta la Sección Instructora que entrevistó al extitular de la Auditoria Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, y quien detectó los presuntos desvíos.

Se propone que el Senado acuse a Rosario Robles de violar los artículos 126 y 134 de la Constitución y cinco leyes más. La exsecretaria de Estado aseguró a través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, que hasta las 9 de la noche del martes 17, nadie la había notificado del procedimiento en su contra.

El 27 de noviembre de 2019, la Subcomisión de Examen Previo de Juicio Políticos de la Cámara de Diputados aprobó dos de los cuatro expedientes presentados que solicitaban llevar a juicio político a la exsecretaria de Desarrollo Social de 2012 a 2015. El dictamen fue enviado a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y, a la de Justicia. Ambas comisiones aprobaron un día después este dictaminen, el cual fue enviado a la Comisión Jurisdiccional que lo ingresó a la Sección Instructora que actuará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

De las acciones que están los diputados federales en este juicio político es aumentar el tiempo de inhabilitación en la administración pública que se le había dictado a Robles en septiembre de 2019 por la Secretaría de la Función Pública, para pasar de 10 a 20 años.