Le niegan a Javier Duarte la prisión domiciliaria

La defensa del exfuncionario que fue detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017, apuntó que la salida de Javier Duarte del país después de que solicitara licencia como gobernador el 12 de octubre de 2016 en medio de las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, se debió a un pacto que hizo con la administración del entonces presidente de México Enrique Peña Nieto, la cual garantizaba que no perseguirían a su esposa Karime Macías o a cualquier otro familiar.

Otra de las cartas que los abogados de Javier Duarte quisieron poner sobre la mesa, fue el contrato de arrendamiento por 25 mil pesos mensuales de un departamento donde podría vivir el acusado en caso de que el juez aceptara la petición. Además, la defensa insistió que su cliente no tiene cuentas bancarias y no es dueño de ningún inmueble.

A pesar de estos argumentos el juez señaló que el pacto de Duarte con Peña Nieto era ilegal, ya que dijo que los funcionarios protestan hacer cumplir la Constitución, por lo que otra actividad opuesta al principio de legalidad no podía ser tomado en cuenta. Respecto al departamento, Juan Ramírez respondió que la vivienda es un ejemplo de que el exmandatario todavía tiene las posibilidades para abandonar el país.

Pablo Campusano, abogado de Javier Duarte declaró que a su parecer “El pacto era suficiente para un cambio objetivo en las circunstancias por la que se dictó prisión preventiva justificada; por lo tanto, consideramos que la decisión no es del todo acertada y utilizaremos los medios que la ley prevé para ese efecto para impugnar” y agregó “Creemos que al final del día se va a terminar concediendo el cambio de medida y podrá estar en libertad”.