Desde el pasado martes, el gobierno del estado de Nayarit tomó una decisión drástica al prohibir la interpretación y reproducción de corridos tumbados en cualquier evento público.
Esta medida afecta a artistas de renombre como Peso Pluma, Natanael Cano y Fuerza Regida, quienes han sido parte fundamental del fenómeno musical de los corridos tumbados.
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Nayarit establece la prohibición de los corridos tumbados
El decreto establece que queda restringida la difusión de cualquier material musical que haga apología del delito o de la violencia de cualquier tipo.
Esta prohibición aplica a géneros conocidos como corridos tumbados, progresivos, bélicos o corridos alterados, los cuales han experimentado un auge en las listas de popularidad en los últimos años.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal ha sido facultada para llevar a cabo operativos de inspección en eventos públicos y privados.
En caso de incumplir el decreto, se aplicarán sanciones que van desde la suspensión del evento hasta la revocación de permisos para los establecimientos donde se realicen las presentaciones.
En las últimas semanas, surgieron rumores sobre que Peso Pluma tiene vínculos con grupos criminales, especialmente con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
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Peso Pluma estaría siendo investigado por Estados Unidos, por nexos con el narco
Además, ha recibido amenazas recientes debido a estas acusaciones. Las autoridades estadounidenses también están investigando a Peso Pluma por presuntas conexiones con el crimen organizado.
Esta medida ha generado un debate en la sociedad, ya que mientras algunos apoyan la iniciativa para frenar la violencia en las letras, otros defienden el derecho a la libre expresión.
Las autoridades estatales han anunciado que implementarán programas educativos y culturales orientados a promover el arte y la música como herramientas para la construcción de paz y el fortalecimiento de valores positivos en la sociedad.
Con esta decisión, Nayarit se suma a otros estados como Sinaloa, Chihuahua, Quintana Roo y Guanajuato, que también han adoptado regulaciones similares en los últimos años.