A casi un mes de que Shakira dejó atrás su vida en España para instalarse en Miami, la artista colombiana tendrá que regresar a Europa ahora que la Audiencia de Barcelona hizo pública la fecha en la que arrancará el juicio de Hacienda contra la cantante por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros.
El proceso judicial empezará el próximo 20 de noviembre y está previsto que concluya el 14 de diciembre. La Fiscalía solicita para Shakira una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa que asciende a 23,8 millones de euros por cuatro presuntos delitos de fraude fiscal.
En su defensa, los abogados de la artista han argumentado que no debe pagar impuestos en España porque no residió en ese país de manera estable hasta 2015 (se le exige el pago de impuestos de los ejercicios de 2012, 2013 y 2014).
Un juicio constará de 12 sesiones, repartidas entre los días 22, 23, 28, 29 y 30 de noviembre; y 4, 5, 11, 12, 13 y 14 de diciembre, y en el que declararán ante el juez del caso, José Manuel del Amo, 200 testigos, razón por las que el proceso se va a alargar durante tantos días.
De los 200 testigos, 140 están propuestos por la Abogacía del Estado, 30 por la Fiscalía y 60 por parte de la defensa de la colombiana. Las fechas podrían variar si Shakira admite su culpabilidad y pacta con la Fiscalía, aunque sus abogados sostienen que la estrella es inocente de los cargos y luchará para demostrarlo.
Por esta razón, la intérprete de Hips don't lie tendrá que regresará en noviembre a Barcelona para presentarse a la sesión en la que está prevista declare ante el juez y en la última jornada de la vista oral, en la que tiene derecho a pronunciar su alegato final y reivindicar su inocencia. El resto de las sesiones, en principio, podrá seguirlas desde Miami por videollamada.
La Fiscalía de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros para Shakira, quien fue acusada de seis delitos contra la Hacienda pública española por cometer un fraude de 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014.
La acusación mantiene que, al haber vivido en España más de 183 días al año, "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial", tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.
Anteriormente, la artista ya había pagado los 14.5 millones de euros que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres millones por concepto de intereses, por lo que se le aplicó la atenuante de reparación de daños para reducir la pena, que podría ser de hasta seis años en prisión por cada delito.