Si hace unos días salió a la luz que los abogados de Amber Heard habían lanzado una nueva ofensiva legal para tratar de anular el veredicto que determinó, a principios de junio, que su clienta había difamado a su exmarido, Johnny Depp, por medio de un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post, ahora los abogados registraron una moción que cuestiona directamente el castigo que le fue impuesto a la intérprete: abonar a su exesposo una indemnización que ronda los 10 millones de dólares.
La estrategia de Amber para evitar pagar a Depp la millonaria indemnización
Los abogados de Amber Heard registraron una moción que pone en cuestión el veredicto.
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Como se desprende de los documentos a los que tuvo acceso el portal de noticias Radar Online, el equipo legal de la actriz de Aquaman sostiene que el mencionado artículo, de 2018, no tuvo efectos significativos en la reputación de Johnny Depp, a diferencia de lo que este defendía en la demanda que interpuso contra ella. En opinión de los abogados, fundamentada en los testimonios ofrecidos por el propio astro de Hollywood ante el tribunal, su prestigio e imagen personal ya se vieron muy perjudicados dos años antes, cuando Amber solicitó una orden de alejamiento contra él a raíz de las ya conocidas acusaciones de maltrato físico y psicológico.
"No hay pruebas que demuestren que el daño a la reputación del señor Depp fue causado por el artículo de opinión de la señora Heard. El señor Depp testificó que el daño a su reputación procedía de la orden temporal de alejamiento ligada a la violencia doméstica. Esa orden fue dictada en mayo de 2016, como resultado de su separación. Y no puede recibir compensación alguna por ello", dice una parte de la argumentación de la defensa.
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De esta forma, Amber Heard y sus abogados pretenden reabrir un caso que, según la jueza que gestionó el proceso anterior, Penney Azcarate, ya estaba definitivamente cerrado.
A principios de esta semana, el equipo legal de la actriz registró una moción que deslegitimaba el veredicto, basado a su juicio en una mera "teoría de la implicación", y que alertaba de una supuesta irregularidad relacionada con un miembro del jurado, cuya identidad y fecha de nacimiento no habían sido debidamente verificadas. Azcarate, según fuentes judiciales, no tiene intención alguna de convocar un nuevo período de vistas orales.
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