Maude Versini gana la batalla legal a Arturo Montiel, su ex esposo
Maude Versini ganó la batalla a Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México en el caso de sus hijos, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de su ex esposa y pidió al gobierno de México implementar un régimen de visitas en el que la francesa pueda ver a sus hijos en condiciones adecuadas. La CIDH recomendó que las visitas se den en un entorno sin restricciones innecesarias y que se cumplan de manera efectiva y segura en un ambiente de normalidad, ya que advierte en la resolución cautelar que los menores están en "situación de riesgo de daño irreparable". El diciembre pasado y luego de tres años, Versini pudo reencontrarse con sus hijos luego de que un tribunal ordenó al ex gobernador mexiquense, permitir la reunión con los menores en un Centro de Convivencia del Poder Judicial. Luego de la reunión, Versini señaló que su meta no era verlos en esos centros sino tenerlos con ella.
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De acuerdo con las leyes internacionales, indica la CIDH, la separación de niños de su familia constituye una violación del derecho de protección a la familia. Por ello, el organismo pidió a México que "tome las medidas necesarias para proteger el derecho a la familia, la integridad física y psíquica de los niños". El Estado mexicano tiene 20 días para responder a la resolución.
Montiel y Versini están en una batalla legal desde hace más de tres años por la custodia de sus hijos Alexi, Adrián y Sofía. La ciudadana francesa acusa al ex gobernador de haber sustraído a sus hijos ilegalmente durante unas vacaciones en Europa. Versini recuperó a los niños un mes más tarde, en 2011, para diciembre de 2012, los padres habrían convenido que los tres niños pasaran las fiestas decembrinas en México, pero ya no regresaron. Por ello Versini recurrió a la CIDH, la instancia que en situaciones de gravedad podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas. Las autoridades mexicanas están obligadas a responder la petición de la CIDH ya que tiene firmados acuerdos de cooperación internacional en esta materia.
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