Dicta auto de formal prisión a Elba Esther Gordillo
Un juez mexicano dictó este lunes auto de formal prisión a la ex dirigente magisterial Elba Esther Gordillo por probable delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además de Gordillo, también recibieron el auto de formal prisión Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, según un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal.
La vinculación a proceso o el auto de formal prisión significa que para el juez que lleva el caso, Alejandro Caballero Vértiz, existen pruebas suficientes para que Gordillo sea llevada a juicio por los delitos que se le imputan.
Debido a que los delitos son considerados como graves, Gordillo no tiene derecho a solicitar fianza, y deberá de pasar en prisión todo su proceso judicial.
Gordillo y el resto de los inculpados tienen el derecho de apelar la resolución del juez en un término de tres días, según el documento oficial.
"En el periodo comprendido del año 2009 al 2012 presuntamente transfirieron dinero de diversas cuentas bancarias a nombre del SNTE a cuentas propias. Una vez realizados los depósitos respectivos, dichos inculpados procedían nuevamente a transferir el numerario a otras para que al final llegaran a cuentas de Elba Esther Gordillo", precisa el comunicado.
Quien fue por más de dos décadas la poderosa dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadres de la Educación (SNTE), perdió su cargo sindical luego de ser detenida el 26 de febrero en la tarde por policías ministeriales en el aeropuerto internacional de Toluca, a donde llegaba en un vuelo procedente de San Diego, California.
En su lugar, al frente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública se eligió a Juan Díaz de la Torre durante una sesión extraordinaria del consejo del sindicato realizada la semana pasada en Guadalajara, Jalisco.
La detención de Gordillo, de 68 años, se produjo en el marco de una investigación iniciada en diciembre por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre el supuesto desvío del equivalente a unos 200 millones de dólares del sindicato para su uso personal.
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cd