Palazuelos vs. Patrón Laviada La Batalla por Tulum

Los hoteleros de la zona costera de Tulum y el Gobierno federal están enfrentados porque a mediados de este año, luego de una inspección, las autoridades clausuraron varios hoteles de esta región, una de las más exclusivas de la Riviera Maya.

Para defenderse de lo que consideran una injusticia, los empresarios locales crearon Guardianes de Tulum, una asociación presidida por el actor Roberto Palazuelos e integrada por más de 180 propietarios. Ellos no están de acuerdo en el modo arbitrario en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cuyo titular es Patricio Patrón Laviada, llegó a hacer las inspecciones.

La PROFEPA, en cambio, asegura que clausuraron los hoteles porque están en lo que se denomina Área Natural Protegida, lo cual significa que su presencia daña el medio ambiente, y debido a que no cuentan con los permisos para operar en esa zona.

Las diferencias entre Palazuelos, propietario de uno de los hoteles asentados en la zona, el Diamante K, y Patrón Laviada, ex gobernador de Yucatán, ha saltado de los medios locales a captar la atención de los nacionales e internacionales. Y es que el asunto no es menor: las 664 hectáreas en disputa valen unos 6,500 millones de dólares y están establecidas en una región a la que acuden un millón 200 mil turistas cada año. Buscamos a las dos parte del conflicto. Palazuelos nos contó su perspectiva y Patrón Laviada nos ofreció la versión del Gobierno federal, aclarando siempre que no se referiría a ningún caso en particular.

LA COSA ESTÁ ASÍ En julio de este año, inspectores de la PROFEPA llegaron a 14 hoteles de Tulum para hacer una inspección. Solicitaron a los propietarios tres documentos: el manifiesto de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo forestal y la concesión de zona federal (el permiso de utilización de playa en zona federal). Este modo de actuar, dice Patrón Laviada, es el que acostumbra realizar el Gobierno cuando, como en este caso, hay una denuncia de irregularidades.

Las autoridades dicen que los propietarios estaban incumpliendo un decreto expropiatorio de 1981, emitido por el presidente José López Portillo. En éste se decía que la zona en cuestión debía ser considerada Área Natural Protegida y que, para preservar la ecología del lugar, se establecería ahí el Parque Nacional Tulum. El problema es que los dueños de hoteles y terrenos de la zona no recibieron ninguna paga para que, como en cualquier expropiación, el Gobierno pudiera hacer uso de esos predios. “Lo que viola el artículo 27 constitucional que dice que no puede haber expropiación si no es mediante una indemnización”, asegura Palazuelos. Además, el decreto presenta algunas irregularidades porque lo hicieron en 48 horas: pusieron mal las coordenadas (ubican una parte de la zona en disputa sobre el mar) y lo inscribieron en el municipio de Carrillo Puerto, cuando en esa época pertenecía al de Cozumel.

Roberto Palazuelos –que era la tercera inspección que recibía por parte de la PROFEPA, las otras dos fueron en 2004 y 2007– asegura que en el operativo de julio pasado participaron unos 120 soldados armados, de la Armada o del Ejército, y que ello provocó la salida de muchos turistas que se encontraban en los hoteles, pues era temporada alta vacacional.

Patricio Patrón dice que llegaron con gente de la Marina, pero que éstos no entraron a los hoteles ni sacaron a ningún turista.

El director de Turismo de Tulum, José Gabriel Gutiérrez, afirma que no llegaron en un plan agresivo pero sí intimidatorio, lo que ocasionó que muchos turistas salieran asustados de los hoteles. También dice que algunos de los sellos de clausura tenían un tamaño fuera de lo común: medían 6 x 2 metros. “Eso ha lesionado muchísimo la imagen como lugar turístico, la economía del lugar (después del operativo la noticia llegó a Estados Unidos y a Europa por lo que hubo unas 4 mil cancelaciones en Tulum y parte de la Riviera Maya), hemos perdido además muchos inversionistas extranjeros, ya que no hay certeza jurídica, y se perdieron unas 1,800 fuentes de trabajo”. Jorge Portilla, Presidente de la Asociación de hoteleros de Tulum, confirma esta misma versión.

Le preguntamos a Patricio Patrón qué opinaba del desempleo que está generando esta situación, a lo que respondió: “El incumplimiento de la ley es lo que afecta. Eso quita empleos honestos a los que realmente quieren hacer bien las cosas. Si se trata de dar empleos, ¿cuántos empleos se dan de forma ilegal y cuánto daño le hacen al país? Creo firmemente, y así lo cree el Presidente y así nos ha ordenado, que necesitamos ser un país donde no tenga lugar la impunidad. Nuestro compromiso como Procuraduría es el cumplimiento de la ley, y en este caso la ambiental”. Él dice que únicamente fueron a checar que tuvieran éstos papeles en regla, y de acuerdo a lo que los propietarios presentaron –o no– fue la respuesta que les otorgaron en días posteriores.

SE CALDEAN LOS ÁNIMOS A los tres días de la inspección, la PROFEPA nuevamente llegó al Diamante K para hacer la clausura, pues asegura Patrón Laviada que el actor no cuenta con ninguno de los permisos que se le solicitaron y que hay denuncias en las que se habla de corrupción por parte de la SEMARNAT. Le pidieron una multa de un millón 264 mil 250 pesos y le dieron un plazo de 90 días para la demolición de su hotel. Palazuelos, quien estudia Derecho en el Tecnológico de Monterrey y que además tiene por abogado a Sebastián Estrella Méndez, conocido en el medio como El príncipe del amparo, arremetió diciendo que no pueden exigirle papeles que se piden para un Área Natural Protegida porque ésta no lo es. De los tres documentos, se defiende con la concesión de zona federal por 15 años, que le fue dada en 2006; ganó el juicio en el que le dan la nulidad en contra de la petición del impacto ambiental; y en cuanto al uso forestal obtuvo la suspensión definitiva por un juez federal en contra del área natural protegida, “por lo que la forestal es improcedente ya que lo que convierte a una zona en forestal es el área natural; además de que la ley forestal fue

creada en 1993 y mi hotel fue construido en los 80’s y no te la pueden hacer retroactiva”, nos explicó. Se movió inmediatamente para conseguir el amparo argumentando que el organismo no respetó los 5 días que por ley se le debe dar a cualquier ciudadano para hacer valer sus derechos, además de que le estaban duplicando el procedimiento pues ya se encontraba por el mismo juicio desde el 2007; por lo que el juez falló a su favor e hizo la orden para que la misma Procuraduría quitara los sellos de clausura, lo que fue cumplido.

LOS CUESTIONAMIENTOS A PATRÓN LAVIADA Ante todo este proceso jurídico, Palazuelos dice que el que ha salido más golpeado es el Procurador. “Inclusive le han sacado muchos antecedentes desagradables a raíz de todo esto, pero ahora que empiezo a analizar más este asunto yo creo que el procurador ha sido víctima de malos asesoramientos”. Entre los cuestionamientos que los medios le han hecho a Patrón Laviada a raíz de este pleito es si el hotel Mi Capricho, que está en Holbox, es de él o de su hermano Alejandro. “No es mío ni de ningún familiar”, nos dijo el procurador ambiental.

El hotel que se encuentra en Holbox está clausurado por la misma PROFEPA y añadió: “Es ridícula esa acusación; si fuera mío, al revés, debería ser un reconocimiento que me autoclausuré”. Ante la versión que nos dijo el director de Turismo de Tulum, José Gabriel Gutiérrez, de que han intentado de muchas formas poder reunirse con él para dialogar y que no han tenido respuesta, nos respondió: “Nosotros aquí estamos recibiendo a toda la gente, al que ha venido a procurar resolver sus problemas y a cualquiera que quiera resolverlos”.

LAS SOSPECHAS DEL DIAMANTE NEGRO En la década de los 80’s se construyó el hotel que posteriormente, en el 96, Roberto asegura le compró a Pablo Canché Balam, un dignatario maya. Como el decreto no había quedado bien asentado, en aquella época dependencias estatales y federales expidieron títulos de propiedad y otorgaron permisos de construcción como si no existiera el decreto del Parque Nacional Tulum. Y así fue como el terreno de Palazuelos quedó libre de cualquier gravamen, es decir: sin que tenga inscrito algún decreto expropiatorio. Esta es una de las grandes armas de defensa del actor.

“Y es que yo no peleo por mí, peleo por mi hijo, por su patrimonio y por defender a los otros tulumenses. Son terrenos que están en mil dólares el metro, todo esto vale aproximadamente 6,500 millones de dólares. Estamos hablando de que si ellos lograran sacar a la gente, pues es un pastelote para vendérselo a quien sea y hacer el gran negocio, y lo quieren disfrazar con el rollo de la ecología, pero no pueden pisotear la Constitución”, dice. También asegura que los hoteleros protegen el medio ambiente de la región y que “hay intereses demasiado fuertes y creo que hay algo oscuro atrás de todo esto. Pienso que si quieren de verdad hacer un Parque ahí lo correcto es hacer un decreto expropiatorio nuevo que no viole la Constitución, pero para eso tendrían que pagar a mil dólares el metro, lo que cuesta actualmente, y así yo vendo mi hotel feliz, pero que me paguen como gente decente. No voy a permitir que nadie llegue y me eche y el día de mañana vea que están haciendo un desarrollo impresionante unos españoles o un grupo de Miami, me muero, y lo hemos visto en muchas partes del país”. Finalmente será en un juzgado, cuando este caso llegue a una resolución. Y mientras, la moneda está en el aire.